Política: Entre el bien y el mal
Daniel Eduardo González Gutiérrez
En el presente análisis se quiere abordar la imagen del diablo en la política, teniendo en cuenta que en la actualidad la demonización se ha convertido en parte de una estrategia política para desacreditar al enemigo.
Dentro de esta cultura judeocristiana en la cual nos criamos, siempre a algo bueno se le tienen que oponer algo malo, y así se ha configurado esta lucha del bien contra el mal, de Jesús contra Satán; para fortalecer la fe de los creyentes y luchar contra todos los herejes.
Todo esto se encierra dentro de una lógica de hegemonía religiosa, es decir, desde la lucha contra la magia negra y las cruzadas, se hace necesario crear un poder totalmente opositor al cual se tenga que combatir con todas las armas posibles para no desobedecer el orden ya impuesto.
Con la llegada de la modernidad, la mayoría de los Estados decidieron dejar atrás su inclinación religiosa, como argumenta el periodista, Martín Granovsky: “La invención de una esfera política pública laica fue el sueño que los modernos intentaron realizar, con el fin de construir una política no demonizadora”[1]
Pero en la política se necesita un antagonista de peso, para rearfirmar diferentes lineamientos, es así como el ex presidente George Bush cataloga de Satanás a Bin Laden, y Hugo Chávez le dice a Bush que huele a azufre
El capitalismo contra el socialismo, el catolicismo contra el islamismo, el cielo contra el infierno; bandos opuestos, que cuanto más diferentes sean, la lucha será más intensa. Y mucho peor cuando accedemos a discusiones emotivas entre el bien y el mal, en donde no se debate con argumentos sino con un recalcitrante fervor religioso; todo con el fin de mostrar al enemigo como aquel que encarna la maldad.
[1] Articulo tomado del diario Página 12, de Argentina: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/149461-47988-2010-07-14.html
180 AÑOS LEJOS DE LA ÉTICA PÚBLICA
En el presente análisis se plantean las grandes falencias a la hora de hablar de ética pública en Colombia, teniendo en cuenta los graves problemas de corrupción de los gobernantes y lo que esto genera en toda la opinión pública.
Aristóteles planteó una definición de ética, la cual consiste en perseguir la felicidad, la cual se alcanza con el dominio de la razón, de su naturaleza humana. Cuando se aborda este término dentro del gobierno, hablamos de una ética pública, la cual consiste en el buen actuar de los servidores públicos, ante aquellos que representan.
Pero los hechos distan mucho de las palabras, y en un país como Colombia, el interés individual prevalece sobre el particular, pues muchos de nuestros gobernantes a la hora de subir al poder toman distancia de sus programas de gobierno, para dedicarse a favorecer a aquellos poderosos que los delegaron.
Estas prácticas conllevan a favorecimientos de ciertos conglomerados económicos, a la corrupción y el clientelismo. Bajo estos dos últimos términos, es con lo que muchos colombianos relacionan la política, algo que se aleja totalmente con esta ética que se proclama desde el Ministerio Público, lo que ha generado una brecha extensa entre gobernantes y gobernados.
Y me refiero a esta distancia, porque el pueblo está por debajo de sus representantes, así lo explicaba el asesinado periodista Jaime Garzón: “Se eligen funcionario públicos, para que le funcionen al público, pero terminamos haciéndole venias a ellos”, no les exigimos que cumplan como representantes ante el Estado, sino que más bien pensamos que lo que hacen es un favor.
Si en realidad, como decía el slogan de la conferencia del Procurador, “180 años, hacia la ética pública”, queremos avanzar en este proceso, se debe formar una opinión pública crítica, que sea capaz de exigir control cuando los representantes cometan actos de corrupción, nombren personas en cargos para favorecer ciertos sectores y se favorezcan con ciertas licitaciones.
La legalidad debe imponerse sobre todas estas actuaciones que persigue la ética pública, para que los gobernantes recuperen la credibilidad de sus representados, y que se persiga un bien general sobre el particular. Que esta ética de la que tanto se habla, no quede en simples palabras y normas, sino que en realidad sea el eje rector de las actuaciones para los que ejercen el poder.
Misiles Kazzam contra aviones Kfir
La guerra Israel – Palestina, se encierra dentro de un contexto global, pues es la eterna lucha entre el mundo árabe y occidental. Es así como los medios de comunicación tienden a favorecer a ciertos sectores a la hora de contar la “verdad” de esta sangrienta lucha.
El asesinato de seis millones de judíos durante la segunda guerra mundial, es considerado como un hecho atroz y que la historia nunca debe olvidar; por tal razón con la resolución 181 de la ONU se divide a Palestina en un Estado judío y otro árabe, para resarcir en cierta medida la barbarie del Nazismo.
Pero mientras avanza la historia, estas víctimas pasaron a ser victimarios y como perseguidos por un extraño sentimiento de exterminio, quieren no sólo cuidar aquella porción de tierra que por ley tienen, sino que además quieren adueñarse de las tierras que legítimamente les corresponde a los palestinos, gracias a su superioridad militar y el apoyo innegable de Estados Unidos.
A la hora del cubrimiento mediático, se trata de dejar todas las acciones de los israelíes bajo ciertos eufemismos que encubran todos los actos de barbarie a la hora de colonizar territorios. Por ejemplo, los ataques israelíes siempre son en legítima defensa, pues los árabes siempre son los primeros en agredir.
Dentro de esta lógica estos bombardeos se hacen en “puntos estratégicos” de la resistencia palestina, donde no sólo se matan a militantes, sino a una gran cantidad de población civil, a lo que la comunidad internacional responde que se debe atacar con mayor moderación.
Es una lucha totalmente desigual, desde lo militar, hasta lo mediático. Lo que reclaman los palestinos es válido y necesario, pero los hacen ver como terroristas, mientras se les aniquila gradualmente en una lucha de misiles Kazzam contra aviones Kfir.
El líder que el país necesita
En el presente análisis se quiere plantear la nueva imagen de lo que muchos colombianos conocen como líder después de la era Uribe, las revolución que hizo este personaje a la hora de gobernar y cuyas principales acciones se encierran dentro el neopopulismo.
El populismo se conoce como aquella corriente política que reacciona en contra de las élites y partidos tradicionales de un país, la cual pretende implementar políticas que favorezcan al pueblo, para que éste sea el motor impulsor de todas las reformas que se quieren hacer.
Pero también existe otra mirada desde esta corriente, debido a que algunos gobernantes no se identifican con políticas de izquierda y deciden amasar una gran cantidad de seguidores, pero con un talante neoliberalista, lo que trae a colación un nuevo término, neopopulismo.
Con la llegada en 2002 de Alvaro Uribe Vélez, muchos analistas lo enmarcan como neopopulista: "se inscriben los mecanismos de democracia directa de los que el gobierno Uribe echó mano: los consejos comunales, el referendo y la reelección presidencial, como plebiscito de apoyo a la persona del primer mandatario", cita la revista Semana, de un ensayo de la investigadora Cristina de la Torre, en su artículo “El juicio de la historia”
Acá es donde parte su imagen como nuevo líder, aquella persona que después de sentir un país sumiso ante las guerrillas, fue capaz por medio de su “mano dura” quitarle territorios que históricamente habían dominado
El ritmo frenético con el que trabajó durante ocho años, lo llevó a entablar una relación directa con sus gobernados por medio de los consejos con lo que alcanzó una popularidad de casi el 70 por ciento, cifra con la cual logró impulsar su segunda reelección.
La prosperidad para todos sus compatriotas a cualquier precio fue su punta de lanza, sin importar deslegitimar la institucionalidad del país. Al fin y al cabo era ese carácter fuerte el que querían ver los colombianos, pues el término desarrollo se configuró bajo la confianza que daba un fuerte poder militar.
Esta es la imagen que se impuso en el país y la que los sucesores deberán poner en práctica, porque mientras exista un enemigo a quien combatir, la diplomacia de la guerra parece imponerse sobre una salida dialogada.
El discurso jurídico no se debe confundir con el religioso
Dentro de los Estados liberales, se propone la libertad y la igualdad de todos sus ciudadanos, esta última se consagra dentro de nuestra constitución colombiana en el artículo 13, que proclama: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”
Pero parece que las inclinaciones sexuales de las personas, dentro de un país godo como este, se les ha relegado sus derechos que por ley se les debe reconocer como habitantes de un Estado, algo que se reclama desde el siglo XVIII con la Revolución Francesa, y que 200 años después apenas se comienza a reconocer.
Esta igualdad ante la ley, no debe confundirse con fundamentos moralistas o religiosos, pues ser homosexual no es ninguna aberración sexual o algún problema que requiera tratamiento psiquiátrico, pues algunos religiosos tratan de desviar este debate, con falacias que relacionan la pederastia o violadores en serie con alguna inclinación sexual diferente a la heterosexual.
Sin embargo esta lucha comenzó a tener cuerpo desde 2007, cuando al Corte Constitucional les reconoce un régimen patrimonial, cobertura en salud y pensiones, aunque no pasa lo mismo dentro del congreso, donde seis proyectos que han presentado no fueron aprobados.
Como lo explica el director del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes, Daniel Bonilla, en su artículo publicado en la revista Semana, “La igualdad y las parejas del mismo sexo”, en Colombia se está dando un proceso de cambio cultural, pues la población poco a poco los reconoce como un conjunto de ciudadanos más, dentro de una sociedad diversa como la nuestra; además sus demandas tienen el apoyo de organizaciones sociales, universidades y entidades internaciones que defienden los derechos humanos.
